INFORME NACIONAL
Monitoreo de la Ley Micaela: San Luis, entre la falta de transparencia y la segunda provincia que más demoró en la aplicación
Se trata de la norma que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública. En el ámbito local solamente han culminado una capacitación. No informaron el grado de conocimiento a jueces ni la cantidad de agentes judiciales que accedieron a formación.
La Fundación Micaela García y un grupo de organizaciones elaboraron un informe sobre la implementación de la Ley 27.499 en los poderes judiciales de todo el país. Surgió de un monitoreo y pedidos de información pública que hicieron en las 23 y provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los resultados fueron publicados días atrás y reflejan diferentes realidades.
Las principales conclusiones de San Luis arrojan una preocupante demora en la aplicación de la legislación. A eso se suma, atrasos para brindar información y la ausencia de datos en relación al alcance que han tenido las capacitaciones vinculadas a género. Otra cosa que la contrapone a las demás jurisdicciones es que el órgano de aplicación es el Poder Ejecutivo, mientras que en todo el país tiene ese rol el Judicial.
El personal capacitado en el país.
La Ley Micaela fue promulgada el 10 de enero de 2019 e instauró la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública. Lleva el nombre de la joven entrerriana de 21 años, que en 2017 fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner. El hombre gozaba de libertad condicional.
A nivel general, siete provincias respondieron los pedidos de informe en tiempo y forma. Hubo otras cuatro que no lo hicieron, mientras que San Luis contestó de forma tardía y “de manera parcial e incompleta”.
En el informe expusieron que en algunos distritos observaron “un retraso en el comienzo del proceso formativo, los casos más preocupantes son las provincias de La Rioja y San Luis, que lo hicieron 24 y 21 meses después de haber sancionado la ley de adhesión provincial”.
Rodríguez Saá junto a la ministra de Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta.
En este punto, la provincia fue la segunda que dejó pasar más tiempo y advirtieron que este “retardo injustificado de la implementación perpetúa la composición de tribunales sin perspectiva de género y repercute negativamente en la vida de las mujeres y las diversidades”.
Otro de los puntos sobre los que pidieron datos fue la cantidad del personal judicial que está instruido en género. Sólo cinco provincias cuentan con más del 50% de la nómina capacitada. En el caso de San Luis, no dieron a conocer la cifra, y tampoco lo hicieron con el “grado de formación a jueces y juezas, de todas las instancias y fueros”.
Desde San Luis, la contestación fue originada por un órgano de aplicación (Ejecutivo provincial) y no por parte de la Justicia. De las respuestas se desprende que fueron “de manera parcial e incompleta en infracción a la ley 27.275”.
El órgano de implementación es la secretaría de la Mujer a cargo de Ayelén Mazzina.
“La transparencia y la consecuente rendición de cuentas es un presupuesto fundamental en un Estado democrático. Es alarmante que más de la mitad de las jurisdicciones no responda o lo haga de manera incompleta. Cuando el Poder Judicial no es transparente, no hay acceso efectivo a la Justicia”, apuntaron en este sentido.
Sobre el proceso de capacitación, San Luis comunicó que fue iniciado en 2020 y que “se encuentra dictando la segunda cohorte de formación”.
El porcentaje del personal capacitado alcanzado varía según cada jurisdicción: “La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y las provincias de Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, San Luis y Santiago del Estero no informaron en qué porcentaje del personal fue capacitado, incumpliendo la ley de acceso a la información pública, por lo que resulta imposible incluirlas en la comparativa”.
En relación a los contenidos brindados, solo cuatro jurisdicciones lo haciendo con material actualizado al 2021. San Luis precisó que lo hace con una propuesta formativa propia.
De los proporcionado sobre esto último, en el informe local resaltaron “la necesidad de capacitación continua y permanente”.
El informe se enfocó en el Poder Judicial.
Por otro lado, no transmitieron cuáles son los criterios de aprobación que se emplean tras las capacitaciones.
Otro de los puntos en que indagaron fue sobre los órganos encargados de la implementación. En casi todos los distritos están bajo la órbita del Poder Judicial, aunque “se diferencia el caso de San Luis, donde la autoridad de aplicación es la Secretaría de Estado de la Mujer, Diversidad e Igualdad”.
“Informan que sostienen un trabajo conjunto con el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de la Universidad Nacional de San Luis y el Observatorio Provincial de Violencia de Género, dependiente también del poder ejecutivo provincial”, agregaron.
De todo el monitoreo concluyeron en que “la ley Micaela es una conquista histórica en el camino hacia la construcción de una justicia con perspectiva de género”. Y remarcaron: “Cuando exigimos una reforma judicial feminista, visibilizamos y problematizamos todas las violencias que sufrimos dentro del sistema judicial, donde la desidia y falta de formación en género se constituye como un obstáculo real en el acceso a la justicia”.